
Qué pasó? Pedro Sánchez convocó en Barcelona el 17 y 18 de abril la "Global Progressive Mobilisation", una cumbre de la Internacional Socialista con más de 3.000 asistentes, 116 ponentes de 40 países y ocho jefes de Estado o de Gobierno. Aterrizaron Lula da Silva, Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro, Yamandú Orsi, Cyril Ramaphosa y José Luis Rodríguez Zapatero. Arriba del escenario también subieron directivos de la Open Society de George Soros y de la Fundación Bill y Melinda Gates. Quién está involucrado? El anfitrión es Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español y actual presidente de la Internacional Socialista. La cumbre fue organizada por el Partido de los Socialistas Europeos y la Alianza Progresista, con financiación pública europea. La agenda se dividió en tres ejes: "defensa de las instituciones y el multilateralismo", "desinformación y tecnologías digitales" y "extremismo y desigualdad". La clausura la hicieron Sánchez y Lula juntos. Por qué importa? No es una cumbre cualquiera. Es la confirmación de que la izquierda iberoamericana está buscando reagruparse en Europa después de perder terreno electoral en media región: Argentina, Ecuador, Bolivia y Chile se inclinaron a la derecha en los últimos dos años. Sánchez quiere convertir la Internacional Socialista en una nueva alianza global y posicionarse como el líder que articula esa respuesta. Lo que se decida en Barcelona tiene consecuencias directas en Paraguay: la región vecina se mueve al ritmo de Brasilia, Bogotá y Ciudad de México, y lo que ahí se coordine llega tarde o temprano.

Qué pasó: Larry Fink, CEO de BlackRock —la empresa que maneja US$ 14,5 billones en activos—, admitió en una entrevista en Fox News el 11 de marzo de 2026 que la era woke corporativa "fue demasiado lejos". Lo que durante años fue calificado como "teoría conspirativa" ahora tiene una confesión en cámara del hombre que la ejecutó. Quién está involucrado: BlackRock, JPMorgan, State Street, Vanguard, la red Open Society de George Soros, y decenas de fondos institucionales que usaron su poder financiero para imponer una agenda política disfrazada de "responsabilidad corporativa". Por qué importa: Porque lo que te dijeron que era mentira, resultó ser verdad. Y los mismos que lo impusieron ahora huyen del barco cuando el negocio dejó de ser rentable.

Qué pasó: Senadores de Honor Colorado, Patrick Kemper y Lizarella Valiente, presentaron un proyecto de ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años en Paraguay, obligando a las plataformas a verificar la edad de los usuarios. Quién está involucrado: Los dos senadores oficialistas son los proyectistas. Miguel Ángel Gaspar, especialista en ciberseguridad con vínculos a programas de la Unión Europea, aparece como asesor técnico de la iniciativa. Por qué importa: La ley no solo afecta a los menores — le quita a los padres la decisión de cómo criar a sus hijos y se la entrega al Estado, en nombre de la "protección".

Qué pasó: Amnistía Internacional Paraguay presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la Ley 7.363, conocida como "Ley de Transparencia de las ONG". Su argumento: la ley vulnera la libertad de asociación y pone en riesgo a las personas que asisten. La respuesta de periodistas paraguayos fue contundente: si operan en Paraguay, se someten a las leyes paraguayas. Sin excusas. Quién está involucrado: Amnistía Internacional Paraguay, a través de su coordinador legal Hugo Valiente; el periodista Roberto Coronel de SNT que lo confrontó al aire; el periodista Enrique Vargas Peña de ABC Cardinal, crítico constante de las agendas globalistas; y la Comisión Bicameral de Investigación Antilavado que impulsó la transparencia de las ONG. Por qué importa: Porque este no es un debate técnico-legal. Es un debate sobre soberanía. ¿Quién decide las reglas en Paraguay? ¿El Congreso paraguayo elegido por el pueblo, o una organización con sede en Londres que recibe fondos de quién sabe dónde?

El auge del fenómeno "therian" en Latinoamérica, donde jóvenes se perciben espiritualmente como animales, es analizado desde una óptica conservadora como un claro síntoma de decadencia moral y crisis familiar. Aunque clínicamente no se clasifica como trastorno mental si el individuo mantiene contacto con la realidad, el artículo sostiene que esta subcultura refleja un profundo vacío existencial alimentado por el secularismo occidental. En conclusión, el texto argumenta que esta confusión de identidad no debe normalizarse, sino abordarse restaurando los valores judeocristianos y la estructura tradicional de la familia frente al relativismo posmoderno.

El texto advierte sobre un tratado internacional de educación superior que el Congreso paraguayo analiza aprobar. Si bien se presenta como un convenio técnico para homologar títulos, contiene en sus cláusulas de no discriminación el concepto de "género", el cual difiere del término "sexo" utilizado en la Constitución Nacional (Artículos 46 y 47) para establecer la igualdad ante la ley. Se argumenta que, como la Constitución es la ley suprema (Art. 137), incorporar categorías internacionales abiertas basadas en la autopercepción podría erosionar este principio de igualdad constitucional e introducir de contrabando una "perspectiva de género", desvirtuando el ordenamiento jurídico nacional bajo el disfraz de cooperación educativa.