El proyecto que se debate busca dar sostenibilidad a un sistema previsional que enfrenta un déficit de 380 millones de dólares. La propuesta aprobada en el Senado, que volvió a Diputados para su definición final, eleva la edad de jubilación para ciertos sectores y aumenta los aportes obreros del 16% al 19%, complementados con una inyección estatal del 10%. Es, en esencia, una cirugía mayor para salvar al paciente sin cambiar la receta.
Sin embargo, lo inquietante no está en la letra de la ley, sino en los discursos que la envuelven. Durante el debate, el senador Silvio "Beto" Ovelar soltó una idea que, para muchos, debería encender todas las alarmas: propuso no cerrarle la puerta a "aumentar impuestos en un futuro no muy lejano" a sectores de altos ingresos, mediante tributos selectivos al consumo. Lo presentó como una medida complementaria, secundaria, casi inocua. Pero en política, la forma de introducir una idea es tan importante como la idea misma, y los grandes cambios inician con sutilezas más que con sorpresas.
Aquí es donde el concepto de la Ventana de Overton se vuelve una herramienta indispensable para entender lo que podría estar ocurriendo. Esta teoría de la comunicación política describe el espectro de ideas que la sociedad considera aceptables en un momento dado. Lo que está dentro de la ventana es debatible; lo que está fuera, es impensable. La estrategia para imponer cambios radicales no es convencer de golpe a la población de lo extremo, sino correr la ventana lentamente, normalizando primero conceptos intermedios. Así como el matrimonio igualitario requirió años de debate previo sobre uniones civiles, la idea de subir impuestos necesita primero dejar de ser tabú para convertirse en una opción "razonable" en la mesa de discusión. ¿Acaso no es eso lo que estamos viendo? La propuesta de Ovelar no pide subir impuestos hoy, sino que nos invita a aceptar la posibilidad de hacerlo "mañana". Es el primer ladrillo en el camino hacia una nueva normalidad fiscal.
Lo que los defensores del aumento impositivo parecen olvidar es que Paraguay no compite en igualdad de condiciones con sus vecinos. Nuestra mediterraneidad impone sobrecostos logísticos que ya de por sí restan competitividad a cada producto que exportamos. En un mundo donde el capital busca eficiencia, la baja presión tributaria no es un capricho ideológico: es una ventaja compensatoria estructural, un mecanismo de equilibrio frente a las desventajas geográficas que nos colocan en la periferia de las cadenas logísticas globales. Como ha señalado el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, los impuestos bajos constituyen uno de los incentivos más atrayentes para los empresarios a la hora de inyectar su capital en el país, y sumados a una macroeconomía estable, hacen que Paraguay sea visto como un territorio seguro para el capital extranjero. Esa es la fórmula que nos ha permitido crecer, y romperla sería como cambiar las reglas del juego cuando estamos ganando.
La confianza de los inversores internacionales, además, se ha consolidado con un hito reciente que no podemos poner en riesgo: la obtención del grado de inversión. Este reconocimiento, otorgado por las agencias calificadoras, constituye un indicador de estabilidad macroeconómica y menores riesgos percibidos, pero su mantenimiento exige un marco fiscal predecible y consistente. La promesa implícita que ha atraído capitales en los últimos años ha sido precisamente esa: presión tributaria baja y reglas claras. Un giro inesperado en materia impositiva no solo erosionaría esa confianza, sino que enviaría una señal peligrosa a los mercados sobre la fiabilidad de los compromisos asumidos por el Estado paraguayo.
El contexto es propicio para que esta idea germine. El gobierno del presidente Santiago Peña ha apostado con fuerza a programas sociales como "Hambre Cero", una iniciativa que arrastra deudas por 50 millones de dólares y cuya sostenibilidad financiera es, cuando menos, difusa. Al mismo tiempo, el gasto público tiende al alza en un entorno donde el déficit ya no genera el repudio social de antaño. La maquinaria política, que a menudo se alimenta del clientelismo para engrasar sus engranajes, necesita recursos frescos. Y cuando los recursos escasean, la tentación de ir a buscarlos al bolsillo del ciudadano se vuelve casi irresistible. ¿No es acaso tarea de los padres alimentar a los hijos? Un cambio filosófico profundo se plantea cuando el Estado asume tareas que no le corresponden. ¿No hubiera sido mejor focalizar la alimentación a quienes realmente lo necesitan porque no existe alternativa alguna para esas familias? Hambre cero no es eso, más bien recuerda a las metas de la Agenda 2030 y su socialismo ambientalista, un programa que destruye la responsabilidad individual a favor de un estado asistencialista que termina erosionando la matriz productiva y renunciando la prosperidad.
Un asunto que considerar es el hecho que el gobierno ha inaugurado hitos sanitarios de envergadura: el Gran Hospital de Coronel Oviedo, que en febrero de 2025 comenzó a atender a 600.000 personas con 160 camas y 6 quirófanos, y el imponente Hospital General de Itapúa en Encarnación, el mayor del interior del país, que desde julio de 2025 da cobertura a más de un millón de paraguayos con 232 camas y 13 quirófanos. Y la apuesta continúa: seis proyectos más están en marcha, incluyendo el nuevo Hospital Nacional de Itauguá, con más de mil camas y 30 quirófanos que comenzará a construirse en abril de 2026.
Pero aquí surge una pregunta incómoda que el debate público elude: ¿quién garantiza la sostenibilidad financiera de estos hospitales en el tiempo? Porque construir infraestructura es una cosa, pero mantenerla, equiparla, proveerla de insumos y personal capacitado es un compromiso de largo plazo que pesa sobre las cuentas fiscales año tras año. Si ya hoy enfrentamos dificultades para financiar el déficit previsional, ¿cómo aseguraremos que estos templos de la salud no terminen convertidos en elefantes blancos por falta de recursos para su operación? Este es el verdadero desafío fiscal que los defensores del aumento impositivo explotan hábilmente: crean necesidades futuras para justificar soluciones que se plantearán en su momento.
Frente a este panorama, es imperativo preguntarse: ¿es realmente necesario subir impuestos o existen alternativas viables que no impliquen castigar al contribuyente formal?
Los datos indican que el camino de la eficiencia sigue siendo el más prometedor y el menos explorado. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, Paraguay pierde anualmente el equivalente al 3,9% de su PIB a causa de la ineficiencia del gasto público. En términos absolutos, esas pérdidas representaron alrededor de 1.800 millones de dólares para 2019. Una cifra que por sí sola supera con creces cualquier déficit que hoy se pretenda cubrir con nuevos impuestos. ¿De verdad vamos a hablar de aumentar la carga tributaria antes de discutir seriamente cómo nos estamos desangrando en ineficiencia?
Parte de esa hemorragia tiene nombre y apellido: corrupción y sobrecostos. Las mismas voces que hoy insinúan la necesidad de nuevos tributos son las que callan frente a los 1.600 millones de dólares que, según estimaciones, se esfuman cada año en corrupción.
El país puede seguir creciendo sin necesidad de abrirle la puerta a una presión fiscal mayor. La salud universal tampoco es una utopía lejana; es una realidad en construcción con las herramientas que ya tenemos. La pobreza sigue cayendo de manera sostenida bajo el modelo actual. El crecimiento se mantiene. El grado de inversión se ha alcanzado. ¿Por qué entonces cambiar lo que funciona?
Por eso, cuando escuchamos a ciertos sectores preparar el terreno argumentando que el desarrollo exige sacrificios impositivos, debemos recordar que no hay sacrificio más grande que el que se pide sin necesidad. La verdadera amenaza al modelo de crecimiento paraguayo no es el déficit de una caja fiscal, sino la instalación de la peligrosa idea de que la solución a todos los males se encuentra en el bolsillo de los ciudadanos. Antes de abrir esa puerta, agotemos todas las demás: la eficiencia, la transparencia, el combate a la corrupción y la auditoría ciudadana sobre cada guaraní que se gasta. Un estado que crece sin control tarde o temprano termina siendo una amenaza a la libertad.
Hay razones lógicas para pensar que una ventana de Overton se está abriendo. La pregunta es si nosotros, como sociedad, vamos a dejarla abierta de par en par para que un nuevo modelo de país aparezca, o si vamos a recordar, con la lucidez de Thomas Jefferson, que "el precio de la libertad es la eterna vigilancia". Aún mejor quizás es recordar a Natalicio Talavera, primer poeta paraguayo, decir con toda claridad antes de morir en la Guerra de la Triple Alianza: “El Paraguay será libre, o no existirá”.